Por El 10 de enero la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de “Ley sobre Fideicomiso Público” aprobado por el Senado el pasado 25 de mayo, no sin antes hacer algunas modificaciones cuyas propuestas surgieron en el contexto de las discusiones dadas a finales de año, cuando los principales partidos de la oposición, organizaciones de la sociedad civil y varios jurisconsultos fijaron posiciones jurídicas en torno a lo inicialmente aprobado.
Desde 2011 el país cuenta con la ley 189-11 que establece un marco normativo que regula los fideicomisos privados, cuyo reglamento de aplicación -decreto 95-12- define los fideicomisos públicos, sin entrar en detalles sobre la figura. La ausencia de un marco regulatorio específico no fue óbice para que durante los siguientes diez años fueran constituidos varios fideicomisos públicos -tanto en la pasada como la presente administración- sin embargo, la formulación de una ley especial constituía una obligación impostergable.
En democracia, el proceso de aprobación de una ley subsume toda la dialéctica hegeliana, en razón de que mediante el diálogo y a través de propuestas y contrapropuestas, se construye el consenso mayoritario que en ella se expresa. Dicho esto, es natural, lógico, deseable y necesario que, ante cualquier iniciativa legislativa de un gobierno, surjan voces desde la oposición que la cuestionen o señalen sus aspectos mejorables, porque este es precisamente uno de sus roles.
El año 2023 es un año electoral en toda regla desde el primer día y todas las acciones de los políticos deberán ser decodificadas en clave política, no técnica, ni mucho menos jurídica. El gobierno de Abinader ha cifrado en los fideicomisos públicos un instrumento a través del cual poder captar inversión extranjera y acelerar los procesos de inversión y desarrollo. Cuando las críticas arrecian contra una ley que, como toda ley es mejorable, es porque el objetivo final es cuestionar y deslegitimar el instrumento per se, para poder invalidarlo como un mecanismo eficiente de consecución de logros materiales y concreción de obras.
Debajo del radar de todo se encuentra el objetivo último: ralentizar los procesos iniciados en Pedernales en razón de su simbolismo. Allí donde Danilo Medina no pudo iniciar su anhelado proyecto en 2015 -luego de haber logrado restituir al Estado un patrimonio que había sido robado- allí, Luis Abinader ha puesto recursos, fechas y ha hecho su gran apuesta.
El sur siempre fue el gran olvidado, pero esta vez, buena parte del relato electoral del 2024 se construirá en función de si los fidecomisos públicos concitan la legitimidad y aprobación ciudadana; en si funcionan o no; y eso será lo esencial.
Por: Federico A. Jovine Rijo
