Por El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, cerró este martes otras dos universidades privadas ligadas a la Iglesia Católica, al privarlas de personería jurídica por “incumplimientos” de leyes, y ordenó decomisar sus bienes muebles e inmuebles. Con esta acción, suman 19 las universidades ilegalizadas en el país desde diciembre de 2021, incluidas 7 de origen extranjero.
Los nuevos centros de estudios cancelados son la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), ambas registradas como asociaciones, según un acuerdo del Ministerio de Gobernación, publicado en el diario oficial, La Gaceta.
El acuerdo de la cartera de Gobernación, que es la encargada del control y registro de las ONG, señala que las asociaciones de ambas universidades incumplieron con las leyes que las regulan. Entro otros mencionó que no están acreditadas en los indicadores de calidad, que no reportaron sus estados financieros y sus juntas directivas, y no presentaron aclaraciones sobre el patrimonio, activos fijos, ingresos, egresos, ejecución de fondos, ni aumentos y disminución en cuentas sin justificar.
La Universidad Juan Pablo II, inscripta desde el 26 de agosto de 2004, tiene su sede en Managua y sucursales en Chontales (centro), Matagalpa (norte) y Granada (suroeste). En tanto, la UCAN, inscripta desde el 17 de junio de 2002, tiene su sede en León (noroeste) y sucursales en Chinandega (también noroeste), Estelí y Matagalpa (norte), Chontales (centro) y Masaya (suroeste).
Ordenan entrega expedita y ordenada
El Ministerio de Gobernación ordenó a las autoridades de las dos universidades canceladas entregar de forma expedita y ordenada al Consejo Nacional de Universidades la información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones o registro académico.
Asimismo, informó que el CNU procederá a reubicar a los estudiantes matriculados actualmente en el territorio nicaragüense en universidades que se encuentren acreditadas en el país.
Además, ordenó a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de los bienes muebles e inmuebles de los centros de estudios afectados a nombre del Estado de Nicaragua.
La Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría sandinista, ha ilegalizado 14 centros de estudios superiores por petición del Ejecutivo desde diciembre de 2021. Los otros cinco centros de estudios han sido disueltos por el Ministerio de Gobernación.
El rector de una de las universidades canceladas, Adrián Meza, ha denunciado desde el exilio que el Ministerio de Gobernación se ha negado a recibir los estados financieros de los centros de estudios superiores.
En febrero del año pasado, el Parlamento creó tres nuevos centros de educación superior con los documentos e infraestructura ocupadas a seis universidades privadas ilegalizadas, entre ellas la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que fue un bastión de las protestas antigubernamentales entre abril y junio de 2018.
Esta decisión se suma a otras medidas del régimen de Daniel Ortega que le han valido el aislamiento internacional.
El lunes, el Ministerio de Gobernación canceló la personería a 18 asociaciones de empresarios de Nicaragua, entre ellas el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que aglutina a otras cámaras patronales.
(Con información de EFE)
